El plazo de un mes que se concede a los consumidores para alegar la naturaleza abusiva de las cláusulas hipotecarias se ha estimado insuficiente según el Abogado General de la Unión Europea.

Concretamente, ha sido el Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Martorell que ha planteado esta cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al entender que pudiera haber alguna contradicción entre el Derecho Europeo y la Ley de Medidas para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios, Reestructuración de Deuda y Alquiler Social. La Disposición Transitoria cuarta de dicha Ley establece un plazo de un mes para que los consumidores puedan oponer el carácter abusivo de alguna cláusula contractual hipotecaria en los procedimientos ejecutivos en curso, contándose este plazo desde el día siguiente a la publicación de la Ley en el Boletín Oficial del Estado.

Ya han sido muchas las cuestiones planteadas en relación a la referida Ley, siendo labor del Tribunal de Justicia precisar sus términos de aplicación en relación al Derecho de la Unión Europea.

El Abogado General ha recomendado al Juez del Tribunal de Justicia que considere insuficiente el plazo de un mes previsto por la ley española, al entender que un plazo tan corto imposibilita o dificulta en exceso el ejercicio de los derechos establecidos en la Directiva 93/13 para los consumidores.

Queda por ver cuál será el sentido de la Sentencia que dictará el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la repercusión que tendrá en los procesos de ejecución hipotecarios españoles.

Desde Lexland Abogados aconsejamos a todas aquellas personas afectadas por las cláusulas abusivas que se pongan en contacto con nosotros para que analicemos su caso y podamos reclamar la devolución de los pagos indebidos. Nuestra primera consulta es gratuita y sin ningún tipo de compromiso.

The one month period that has been granted to consumers that allege the abusive nature of mortgage clauses has been deemed inadequate according to the Advocate General of the European Union.

Specifically, it has been the Court of First Instance No. 4 in Martorell that has raised this issue to the Court of Justice of the European Union, considering that there could be a contradiction between European Law and the Law on Measures to Strengthen the Protection of Mortgage Debtors, Debt Restructuring and Social Rent. The fourth transitional provision of the Act provides a period of one month for consumers to allege the unfair nature of a contractual clause in the mortgage enforcement proceedings in progress, this term being counted from the day following the publication of the Law in the Official State Gazette.

Many questions have already been posed raised regarding the said Act, being work of the European Court of Justice to clarify its terms of application in relation to European Union law.

The Attorney General has recommended to the judge of the Court of Justice to consider the time limit of one month provided by Spanish law to be insufficient, on the grounds that such a short period makes it excessively difficult to exercise consumer rights.

It remains to be seen what the effect of the Court of Justice´s judgment will be and the impact it will have on Spanish mortgage enforcement processes.

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