La reciente Ley de Transparencia (Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno), en vigor un año después de su aprobación, posee un triple objetivo:
1º) Garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información.
2º) Obligar a las distintas administraciones a ser transparentes.
3º) Fiscalizar la actividad pública, es decir, establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento.
Objetivos de la Ley de Transparencia
En cuanto al primer objetivo de la Ley de Transparencia, esta norma viene a regular lo que ya el art. 105.b CE y el art. 37 Ley 30/92 remitían a la ley, esto es, la posibilidad que tienen los ciudadanos de acceder a la información de la Administración.
En el segundo objetivo, como las administraciones se obligan a ser transparentes, esta ley supone un avance en la configuración de todas aquellas obligaciones de publicidad activa que deben vincular a un gran número de sujetos, entre los que se encuentran todas las Administraciones Públicas, así como los órganos del Poder Legislativo y Judicial, junto a todos los órganos constitucionales, de igual modo que su aplicación a aquellas entidades que, bien debido a su especial relevancia pública, o bien por su condición de perceptores de fondos públicos, se encuentran debidamente obligados a un reforzamiento de la transparencia en su actividad. ¿Qué es la publicidad activa? Es una información agrupada en las categorías que se definen en la ley, y que las administraciones públicas deberán publicar periódica y actualizadamente, de forma que se pueda garantizar la transparencia de su actividad.
El tercer objetivo menciona las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, junto a las consecuencias jurídicas que se derivan de su incumplimiento.
¿Qué entidades están obligadas a proporcionar información? Todas las Administraciones Públicas, entidades del sector público, órganos constitucionales (incluida la Casa de SM el Rey), Fundaciones del Sector Público, Asociaciones constituidas por Administraciones Públicas o Sociedades Mercantiles con participación pública mayoritaria, partidos políticos, sindicatos, y entidades que perciban ayudas públicas.
¿Qué contiene el llamado Portal de la Transparencia? A través de él se podrá acceder a la información de la Administración General del Estado, junto a estadísticas sobre la información solicitada frecuentemente por los ciudadanos.
¿Existen límites a la publicación de la información? Siempre que afecte a cuestiones sensibles como la seguridad nacional, la defensa o la protección de datos personales. En todos estos casos, debe llevarse a cabo una comprobación para verificar si, la publicación afecta a los límites que la Ley prevé o, para el caso de los datos personales, si éstos pueden eliminarse del documento que se publique
¿Y si un ciudadano solicita información y se le deniega? Podrá reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano independiente encargado de velar por el correcto cumplimiento de esta Ley de Transparencia, salvaguardando el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizando la observancia de las disposiciones de buen gobierno.
